Nueve de cada diez personas encuestadas (93%) catalogó como “buena o muy buena” la medida de implementación del rotulado frontal de alimentos; 3% la catalogó como “regular” y 4% como “mala” o “muy mala”. Así lo muestra un estudio de opinión elaborado por el Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República, que incluyó a 2.210 personas de 18 a 65 años residentes de Montevideo y del interior del país que respondieron a un aviso publicado en Facebook e Instagram entre el 17 y el 20 de abril.

El rotulado o etiquetado frontal (dispuesto en el decreto 272/018) establece que los alimentos o bebidas envasadas en ausencia del cliente, y que en su proceso de elaboración se le hayan añadido azúcares, grasas o sal, deben incluir un sello octogonal que dice que tiene “exceso” de alguno de esos nutrientes.

La encuesta se hizo cinco semanas después de que el Poder Ejecutivo resolviera prorrogar por 120 días la aplicación del decreto 272/018 (aprobado en agosto de 2018), que había entrado en vigencia el 1° de marzo. El 11 de marzo el Ejecutivo prorrogó su aplicación para valorar la armonización con la normativa del Mercosur, y para eso formó una comisión interministerial que este lunes elevó su informe a Presidencia de la República. Contiene dos opiniones opuestas: la del Ministerio de Salud Pública (MSP), que propone continuar con la aplicación del decreto, y la de los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y Cultura, Industria, Energía y Minería, y Economía y Finanzas, que propone extender la prórroga hasta julio de 2021.

El relevamiento, a cargo de los investigadores Gastón Ares, Lucía Antúnez y Gerónimo Brunet, buscó conocer la opinión de la ciudadanía uruguaya sobre la postergación de la entrada en vigencia del decreto. Los consultados tenían un amplio conocimiento del decreto (93% respondió que lo conocía), pero no tanto de la postergación, de la que sólo 41% había escuchado hablar. Al conocer esa decisión, 75% la calificó como “mala” o “muy mala”; 18% la catalogó de “regular”, y 7% de “buena o “muy buena” (ver tabla).

En cuanto a qué debería hacer el gobierno con el etiquetado frontal, 93% dijo que debía mantenerse; 4% expresó que debía eliminarse, y 3% que tenía que sustituirse por otras medidas. Un tercio de quienes prefieren mantenerla alegó que el rotulado “aporta información relevante” y 19% dijo que “es fácil de visualizar y de entender”. Entre quienes respondieron que es necesario sustituir la medida, 25% dijo que “se necesita educación nutricional” para modificar los hábitos alimenticios; 17% que “se requiere más información (cuantitativa)”, y 15% consideró que “no funciona”. 26% de quienes plantean eliminar la medida argumentaron que “la información ya está en las etiquetas”, 22% dijo que “no funciona”, y 17% que “no se necesita”.

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81% opinó que la eventual derogación del decreto “traería potenciales consecuencias negativas” (por “falta de información para tomar decisiones” y por las consecuencias que eso tendría para la salud) y sólo 3% dijo que “traería potenciales consecuencias positivas”: argumentaron que la eliminación del decreto evitaría confusiones en los consumidores y que daría “mayor libertad de elección, menos regulaciones y menos interferencia del Estado”.

Riesgo de confusión

En diálogo con la diaria, Gastón Ares, ingeniero de alimentos doctorado en Química, que ha participado de todo el proceso de discusión del etiquetado, informó que “es una política con un nivel de aceptación muy alto” que es transversal al género, a la edad y al nivel educativo. Afirmó que este resultado concuerda con el primer estudio que hizo el núcleo interdisciplinario, en 2017, cuando se había sometido a consulta pública el primer borrador del decreto, y 90% de la población dijo estar a favor. “Es una medida que la gente realmente quiere porque considera que es necesaria para elegir los alimentos que consume”, agregó.

Etiquetas de varios productos ya tienen los octógonos en su cara frontal y el relevamiento detectó que las personas ya estaban usando esa información, pero que ahora empezaron a dudar porque elegían los productos sin octógonos y se dieron cuenta de que a lo mejor algunos no los tenían, no por su composición nutricional, sino porque esa empresa no había empezado a cumplir con el decreto, transmitió Ares. Y este es un segundo riesgo que lleva esta medida: “esa confusión que generó, y que probablemente se siga generando ahora, le quita en cierta forma legitimidad a la política” y “genera todo un ruido que termina perjudicando a las empresas que lo implementaron en fecha”, señaló el investigador. Las empresas nacionales han sido las que más los han implementado, así como las multinacionales que envasan en Uruguay; entre los que no tienen sellos y deberían tener, hay algunos productos importados.

Hasta ahora, la experiencia uruguaya era un ejemplo internacional por la forma transparente en que se desarrollaron el proceso y la consulta pública, a lo largo de cuatro años. El gobierno le dio 18 meses de adaptación a la industria. 22% dijeron que les parecía bien postergar la aplicación de la medida por la emergencia sanitaria, pero, en verdad, la decisión se tomó antes de que se confirmaran en Uruguay los primeros casos de covid-19. El razonamiento debería ser inverso porque, tal como planteó Ares, con esta medida se buscó minimizar el impacto de las enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión y obesidad.