En un cofre fort en el Banco República, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (Femi) guardan unos 80 expedientes que contienen el resultado de los tribunales de ética médica mediante los cuales los gremios juzgaron en 1985 el comportamiento de médicos durante la dictadura que había comenzado en 1973. “Es la discusión ética de la participación de los médicos militares en las torturas; la denuncia de víctimas, muchas de ellas médicas, de colegas sobre la participación en la tortura, además de colegas que, siendo médicos o militares, se presentaron voluntariamente a los tribunales arbitrales y éticos de la época para dirimir responsabilidad. Todo eso está en un compendio de aproximadamente 80 expedientes”, resumió en diálogo con la diaria Gustavo Grecco, presidente del SMU.

34 años después, los gremios le transmitieron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) su intención de entregarle la custodia de esos expedientes. El paso inicial se dio el 11 de abril, cuando el presidente del SMU y el presidente interino de la Femi, Germán Rodríguez, se reunieron con Jorge Chediak, ministro de la SCJ. Según informaron a la diaria Rodríguez y Grecco, la intención es que los expedientes puedan centralizarse en el Archivo Judicial Proveniente de la Justicia Militar (Ajprojumi), en el que el Poder Judicial tiene clasificados los expedientes de tribunales de ética de la Justicia Militar. El Poder Judicial tiene la capacidad “de procesar esos expedientes”. “Esto lleva una logística de digitalización, de autentificación de documentación y de almacenamiento, algo muy complejo y muy costoso, que las gremiales no podemos subsidiar”, evaluó Rodríguez.

Aquellos expedientes les sirvieron a los sindicatos para juzgar el comportamiento de sus afiliados, y terminaron con la expulsión de médicos que habían cometido violaciones a los derechos humanos (el accionar de los gremios no llegó a inhabilitar a ningún profesional, porque esa potestad corresponde a otro tipo de organismo, concretamente, al Colegio Médico del Uruguay, que se creó mucho después, en 2012). Hoy siguen siendo fuente de información para la Justicia: cuando la requiere, es proporcionada por el SMU y la Femi.

Consultado por la diaria, Chediak calificó la reunión de “preliminar”: dijo que las directivas de los gremios le plantearon la propuesta y que él se la transmitió al pleno de la Corte, que lo avaló y quedó a la espera de la formalización del pedido. “Entendimos que es un paso lógico que la custodia definitiva de esos expedientes –en el marco de un acuerdo que, por supuesto, habrá que ver su contenido– termine en manos del Estado, en este caso de la SCJ, del Poder Judicial”, explicó. Dijo que debe redactarse un acuerdo marco, y al ser consultado por el tiempo que puede llevar este proceso, respondió que “no necesariamente puede ser largo”.

Según Chediak, los expedientes que custodian el SMU y la Femi “refieren a situaciones análogas” a los expedientes de la Justicia Militar. Recordó que la digitalización de los expedientes militares llevó muchos años, porque el volumen era “extensísimo”, de miles de expedientes, algo que no ocurre con el de los tribunales de ética médica que, en cambio, es acotado, dijo.

“Seguramente haremos lo que se hizo con los expedientes que provenían de la Justicia Militar: la digitalización y organización de esos expedientes, a los efectos de que cada vez que haya un requerimiento, sea por medio de la Justicia o de un particular, en relación con la información que a él lo afecta, se pueda cumplir rápidamente con el acceso a esa información”, explicó Chediak.

Para los gremios, también es importante que esta información esté en manos del Estado porque, por ejemplo, se puede acceder a ella mediante pedidos de acceso a la información pública. No obstante, si bien Chediak reconoció esa virtud, aclaró que ese derecho está contrapuesto a la conservación de los datos sensibles y que, por tanto, hay “necesidad de balancear estos dos principios”. De todos modos, afirmó que la Ajprojumi elaboró un protocolo de conservación y acceso a la información de la Justicia Militar y que “seguramente se decidirá que apliquemos el mismo protocolo”.

Grecco recordó que la intención de los sindicatos al plantear la transferencia de estos expedientes es “contribuir con la Justicia al esclarecimiento de todos los actos vinculados a las violaciones de los derechos humanos, en particular los vinculados a la medicina”. El presidente del SMU estaba ayer en Santiago de Chile, participando en la reunión anual del consejo de la Asociación Médica Mundial, y citó esta discusión en ese contexto: “El problema de la participación de los médicos en la tortura es un tema de actualidad en muchos países. No es un tema de 30 años como hablamos nosotros, es algo que hoy esta pasando en Asia, en África, donde hay médicos que participan y son condenados éticamente en estos ámbitos. No podés asistir a torturas. Hay que denunciar”, alentó.