Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2018 el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital de Clínicas recibió 448 consultas por interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De ellas, 361 completaron la interrupción; 49 resolvieron continuar con el embarazo, seis tuvieron abortos espontáneos durante el proceso y 32 no volvieron tras la primera consulta. Estos datos fueron sistematizados por los docentes del servicio, los ginecólogos Grazzia Rey, Laura Curi y Christians Rodríguez, y se publicaron a fines de noviembre en la revista Anales de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en un artículo titulado “Evaluación de la experiencia de la implantación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Hospital de Clínicas”.

“El artículo trata de aportar la visión objetiva de datos y sobre todo que hay mujeres que empiezan el proceso de IVE y después no siguen con la interrupción; eso no se dice por ahí”, explicó en diálogo con la diaria Rey, encargada del servicio, y remarcó que esa información se pudo contabilizar porque el servicio continuó atendiendo el embarazo de las mujeres que resolvieron continuarlo.

El trabajo se basó en “un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo” que incluyó la revisión de las entrevistas a mujeres que consultaron al servicio durante los seis primeros años de la implementación de la Ley IVE, que se aprobó en octubre de 2012. Quienes llegan hasta allí son usuarias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Cada año, el Clínicas asiste entre 600 y 700 nacimientos; el trabajo halló que las IVE representan alrededor de 10% (un promedio de 74 por año). El promedio de edad de las mujeres que abortaron fue de 25 años y la edad gestacional promedio, de ocho semanas.

“El aborto en Latinoamérica sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad materna debido a las legislaciones restrictivas”, expresan los autores del artículo, y añaden que “la prohibición o restricción severa del aborto no ha impedido su práctica, sino que obliga a la realización de abortos de riesgo que deriva mayormente en prejuicios para las mujeres pobres”. Desde la implementación de la Ley IVE, no ha habido muertes maternas por abortos clandestinos, consigna el trabajo. Los casos analizados confirmaron, además, “la seguridad del método y la baja tasa de complicaciones”: de las 361 interrupciones (que se hacen con la combinación de los fármacos mifepristona y misoprostol), 53 mujeres requirieron una nueva dosis de misoprostol y antibióticos, porque en el control a los diez días de la primera toma no habían completado el aborto, y otras 33 tuvieron que hacerse un legrado evacuador porque presentaban elementos de infección. La mayoría de los legrados se hizo durante el primer año de aplicación de la Ley IVE: “estábamos aprendiendo a manejar la medicación y la evolución, este año prácticamente no hubo legrados después de la IVE”.

Cumplimiento y aprendizaje

El servicio depende de la Clínica Ginecotológica B y comenzó a funcionar en 2010, para cumplir con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En 2012 sumó la IVE pero no fue fácil: según explicó Rey, ella fue la única docente que no planteó objeción de conciencia, y por eso “hubo que pedir ayuda al programa de Unidad Docente Asistencial de la Facultad de Medicina para contratar un docente más para trabajar en IVE”. La Clínica Ginecotocológica B está a cargo del profesor Washington Lauría, quien se declaró objetor de conciencia para no aplicar la Ley IVE, pero Rey valoró que “nunca obstaculizó el trabajo; él, por su objeción de conciencia, no lo hace, pero nos permite trabajar y nos apoya”. Ella asumió que no podía ser que un hospital universitario no tuviera un servicio de IVE: “Es el hospital universitario, es como si dijera que en el hospital universitario no se operan apendicitis; esto es tan o más importante que sacar un apéndice, porque está en riesgo mucha cosa, y uno no puede seguir dejando que las mujeres vuelvan al circuito clandestino, porque para algo se hizo la ley y nosotros la cumplimos”, añadió.

La mujer asiste a una primera consulta y, en caso de plantear que quiere abortar, se coordina la entrevista con el equipo interdisciplinario, que está conformado por un ginecólogo, un asistente social y un psicólogo, y se respeta el plazo de cinco días de reflexión que estipula la ley.

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“No somos tendenciosos –no se puede ser tendencioso en esto–, hay que respetar lo que viene a pedir la mujer, salvo que uno note –son pocos casos– que la mujer está obligada por alguien; puede venir con la madre, con el marido, y si notamos que no está segura, tratamos de citarla sola o de que no venga con la persona que le esté haciendo hacer algo que ella no quiere, pero en general nadie va a cuestionarle a la mujer por qué venís a abortar. Viene con su planteo, y si está dentro de los requisitos de la ley, se cumple, se hacen las entrevistas, se le pide las ecografías, los exámenes”, detalló Rey. Así como ocurre en los servicios de otros centros de salud, hay una proporción importante de mujeres que no vuelve a la cuarta entrevista (97 casos en este relevamiento), que es a los diez días de haber recibido la medicación. Por eso, en la tercera consulta –cuando van a buscar la medicación– el servicio les ofrece a las mujeres colocarles un implante anticonceptivo, para evitar un nuevo embarazo no deseado.

“Estamos aprendiendo y enseñando que como universitarios no debemos tomar partido”, consideró Rey, que mencionó que ahora en el Clínicas hay más ginecólogos que no son objetores que en 2012. “Cuando damos clase a los estudiantes les explicamos lo que significa la interrupción voluntaria, si uno no quiere trabajar en eso, no está obligado; sí esta obligado a dar la solución a la paciente”, agregó. Comentó, también, que les transmiten a los futuros ginecólogos que “no hay un blanco y negro, hay matices de gris”, y relató que “por razones médicas les hemos pedido a algunas mujeres que interrumpan su embarazo porque se pueden morir y han dicho que no, y se ha respetado su decisión. No se obliga a nadie a una cosa ni a la otra, se respeta”.

“La existencia de la ley por sí misma no asegura que la mujer opte por el aborto”, concluye el artículo. Rey remarcó que la ley “le da a esta sociedad la garantía de que la mujer tiene un lugar donde sus derechos son escuchados”.

Cuestión de derechos

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, declaró el viernes en Océano FM que discrepaba con que se hablara del “derecho” a abortar, porque lo que hizo la ley fue “ampliar algunas causales para despenalizar el aborto”. Al respecto, y a título personal, Rey respondió que “no estamos hablando del derecho al aborto, estamos hablando del derecho de la mujer a decidir lo que quiere hacer con su embarazo, porque es su cuerpo el que va a llevar ese embarazo”, y aclaró que “no se ampliaron algunas causas”, sino que “se ampliaron las causas”. Rey agregó que en el Clínicas y en el sector mutual, donde también trabaja, “la mujer no va muerta de risa a pedir una interrupción: va triste, excusándose por mil cosas, culpándose; va a pedir que le interrumpan un embarazo, no va a pedir una receta de aspirina, y tiene que pasar por un proceso que la hace reflexionar, y si sigue con la decisión es su derecho, es la agenda de derechos del mundo”, y está en pactos internacionales que ha firmado Uruguay.

“Seguiremos dentro del marco de la ley”, afirmó Rey. “Si no, volvemos a lo de siempre: las ricas van a ir a abortar a clínicas privadas y las pobres van a tener que ir al circuito clandestino”, expresó, y relató algo que vivió en 2002: “Recuerdo a una mujer que vino del interior, una profesional; el aborto no era legal, ni siquiera teníamos acceso al misoprostol, vino a hacerse un aborto porque, por distintas razones, no podía tener un hijo. Fue a una de las mejores clínicas de aborto clandestino de Montevideo y después llegó al Pereira [Rossell] y dijo: ‘Me hice un aborto, me siento mal. El médico que me lo hizo me dijo que fuera a verlo, pero yo vine acá’. Yo operé a esa mujer y se murió. Tenía un hijo de 11 años, una familia, y simplemente porque no había algo que la protegiera, recurrió a un aborto clandestino y se murió. Esa experiencia me marcó, me marcó verla morir y saber por qué fue, y me dio mucha rabia saber que no había nada que pudiéramos hacer por ella, que la ley y el Estado no la protegían”.