Augusto Guerra y Roberto Lunes.

Medicamentos de alto precio: placebos, judicialización y falta de independencia

Especialistas de diferentes áreas debatieron sobre el derecho a la salud.

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Cualquier enfermedad es problemática para el paciente, pero cuando la solución es un medicamento de alto precio la situación se agrava. Uruguay no es ajeno al problema que enfrenta el mundo: cómo garantizar el derecho a la salud de las personas si las empresas farmacéuticas siguen demandando cifras extraordinarias. Entre el lunes y el miércoles se hizo en Montevideo el séptimo Encuentro Regiona...
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Cualquier enfermedad es problemática para el paciente, pero cuando la solución es un medicamento de alto precio la situación se agrava. Uruguay no es ajeno al problema que enfrenta el mundo: cómo garantizar el derecho a la salud de las personas si las empresas farmacéuticas siguen demandando cifras extraordinarias. Entre el lunes y el miércoles se hizo en Montevideo el séptimo Encuentro Regional sobre Derecho a la Salud y Sistemas de Salud, organizada por la Mesa de Diálogo de Derecho a la Salud de Uruguay, conformada por representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Fondo Nacional de Recursos (FNR), el Poder Judicial y el Banco Mundial. Los representantes tuvieron las dos primeras jornadas de trabajo a puertas cerradas y en el último día hicieron mesas abiertas al público en las que el tema central fue, precisamente, los medicamentos de alto precio. La mesa a la que asistió la diaria abordó las "estrategias sustentables de política pública para mitigar las barreras de acceso a los medicamentos", que fue moderada por Roberto Lunes, director de Saluderecho del Banco Mundial. Allí se mencionaron distintas aristas del mismo problema: el efecto placebo alrededor del costo, la judicialización de los medicamentos y la importancia de la investigación independiente.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, comentó ayer al salir de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado que Uruguay es, junto con Canadá y Colombia, uno de los tres países americanos que brinda más medicamentos de alto precio a la población; remarcó que lo hace “sin ningún trámite judicial y sin ningún copago”, por medio del FNR, que financia procedimientos de alta complejidad y medicamentos de alto precio con el aporte de ocho dólares que hace cada usuario del Sistema Nacional Integrado de Salud. Basso recordó que en los últimos años Uruguay se unió a los países de la región para concentrar la demanda y así poder negociar con las farmacéuticas desde otro ángulo –de allí la importancia de participar en el fondo conjunto que administra la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que permite comprar medicamentos a nivel regional–, y agregó que el gobierno apunta a continuar incorporando medicamentos y procedimientos en la lista del FNR.

Pastilla de azúcar

Durante la jornada del miércoles el médico Álvaro Díaz Berenguer, integrante de la Comisión de Ética del MSP, hizo hincapié en el efecto placebo de los medicamentos de alto costo. “Cuando las personas reciben el medicamento de alto precio tienen por detrás una promoción muy importante, que ha sido muy eficaz tanto en el médico como en el paciente. Ha creado una expectativa particular que alimenta la esperanza”, expresó. A su entender, cuando el paciente le dice al médico que prefiere el medicamento de alto precio en vez del genérico “es porque necesita la marca, eso es el efecto placebo que hay alrededor del precio: la noción de eficacia y esperanza”. Esta característica provoca que “sea muy difícil para un médico o un juez decirle que no a un paciente que tiene toda la esperanza puesta en ese medicamento, y eso influye en el día a día”, enfatizó.

Para tratar de no caer en el efecto placebo, Díaz Berenguer explicó que la primera estrategia debe ser “decir la verdad al paciente, sabiendo que todo lo que se dice puede influenciar en su decisión y en su calidad de vida”. Agregó que el usuario tiene que estar “verdaderamente informado” y eso implica más que simplemente firmar un formulario de consentimiento predeterminado; a su criterio, cada persona que se someta a un tratamiento debe ser totalmente consciente de sus otras opciones. Sobre este punto aclaró que el médico también debería dejar por escrito la razón que lo llevó a recomendar un medicamento, buscando que en ese proceso pueda determinar si recibe influencias de terceros: “Es muy difícil no estar influenciado por los laboratorios, cuando 95% de los médicos son visitados por lo menos semestralmente para incidir sobre la medicación que indican”.

Ante el juez

Otro de los expositores de la jornada abierta fue el abogado Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico y Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, un espacio al que concurren buscando asesoría legal personas con ingresos menores a 32.000 pesos mensuales. Según Ceretta, cada 36 horas el consultorio presenta una demanda de amparo por acceso a la salud.

El profesional enumeró algunas de las barreras que las personas –sobre todo las que no tienen recursos suficientes– deben enfrentar al momento de acceder a los medicamentos de alto precio. Por una parte destacó el papel positivo que está cumpliendo el Estado al garantizar el acceso a fármacos y procedimientos, aunque reclamó que hay algunas excepciones negativas, como el caso de los implantes cocleares a niños, en el que el FNR financia el dispositivo pero no la operación de colocación.

Por otra parte, se refirió a aquellos medicamentos que no son considerados por el MSP. Según Ceretta, para pagar los medicamentos a precio del mercado –los tratamientos pueden costar miles de dólares mensuales– las personas que no cuentan con los recursos suficientes tienen dos alternativas: ir por la vía administrativa y pedírselo a la autoridad que corresponda, aunque “normalmente estos procedimientos no son exitosos”, aclaró, o “acceder a través de la Justicia, invocando el artículo 44 de la Constitución, que obliga a los ciudadanos a cuidar de su salud, y también obliga al Estado a facilitar las prestaciones no cubiertas para indigentes y para aquellos que no tengan recursos suficientes”.

Habiendo pasado esas barreras, el paciente debe seguir salteando otros obstáculos para acceder al medicamento. El abogado subrayó el “entorpecimiento administrativo del MSP” que obliga a las personas a realizar múltiples trámites para terminar escuchando que no hay recursos suficientes para efectuar la compra o enfrentarse a la falta de celeridad para cumplir con la sentencia una vez que el ministerio perdió el juicio.

Todos somos indigentes

A su turno, Lucía Delgado, profesora titular de la Cátedra de Oncología Clínica y presidenta alterna del FNR, subrayó la necesidad de investigación de calidad e independiente sobre los medicamentos de alto precio. “Es increíble cómo cambia la perspectiva de un paciente –que es el más vulnerable– cuando recibe información de calidad: muchos terminan rechazando algunos medicamentos si se le explica y se lo escucha”. La médica aseguró que “en un mundo donde ha aumentado la información de manera tal que nadie puede leerlo todo, promover que personas con buena formación en metodología puedan generar un resumen de la información para basarnos a la hora de tomar decisiones sin duda nos va a ayudar a priorizar aquello que tiene más valor jurídico, gestionar mejor los recursos”. En este sentido, aseguró que la academia tiene un rol muy importante en la formación de recursos humanos, y debería apuntar a brindar formación imparcial y de calidad.

Por otra parte, enfatizó que el FNR es “la principal estrategia que ha desarrollado Uruguay para ampliar el acceso universal a un listado amplio de procedimientos de alta tecnología y medicamentos de alto precio. Ha sido clave porque centraliza la demanda, logra una mejor negociación en los precios, que es la principal barrera de acceso, pero no sólo financia sino que registra y audita los procedimientos y resultados, algo importante para la buena gestión de los recursos”.

En cuanto a la judicialización de los medicamentos compartió que “no es el camino”, pero entiende la situación y comentó: “La Constitución obliga a garantizar el acceso a los indigentes, pero los medicamentos de alto costo son tan caros que todos nos convertimos en indigentes. Esa es la magnitud del problema y por eso son tan difíciles las soluciones”.

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