"La escasa población del país justifica la creación de centros de referencia", expresó el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos de este proyecto de ley, que ingresó al Parlamento en febrero de 2017. El diputado informante, Luis Enrique Gallo (Frente Amplio, FA), explicó que los cirujanos pediátricos operan sólo una o dos atresias (obstrucciones) intestinales al año y que es preferible que un equipo concentre las “200 o 300 cirugías” que pueden darse en un año, en lugar de que un cirujano opere un caso cada dos años.

Según el proyecto, los centros o servicios de referencia en salud “podrán actuar para la confirmación diagnóstica, la realización de las técnicas y procedimientos terapéuticos y en la evaluación de resultados o evaluación de consultas de prestadores no especializados”. Las patologías que atiendan deben “ser generalmente complejas y de baja prevalencia”, requerir un elevado nivel de especialización (en recursos humanos y materiales) y demandar recursos tecnológicos de alta especialización.

La iniciativa, considerada prioritaria por el Ministerio de Salud Pública (MSP), “observa y recoge las mejores experiencias nacionales e internacionales” y cuenta con la recomendación de la Academia Nacional de Medicina, dijo Gallo. Las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) deberán derivar los usuarios a estos centros, pero no trasladarán la responsabilidad que tienen con ellos.

La designación de los centros o servicios la hará el MSP, mediante llamados públicos y teniendo en cuenta la opinión de una Comisión Honoraria Asesora. El Fondo Nacional de Recursos (FNR) seguirá asumiendo el financiamiento de las prestaciones, pero deducirá su costo de las cápitas que reciben las instituciones del SNIS. También se financiarán prestaciones que estén incluidas en los programas integrales de atención en salud del MSP y sean cubiertas por el FNR, pero será la reglamentación de la ley la que disponga cómo se hace. La Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas, la Dirección de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) podrán optar por el prepago al FNR por todos sus usuarios o costear cada acto médico.

Como ejemplo de centros de referencia que funcionan actualmente, Gallo mencionó al Centro Nacional de Quemados (Hospital de Clínicas), el Centro de Referencia Nacional en Defectos Congénitos y Enfermedades Raras (Banco de Previsión Social), el Servicio de Neurocirugía del Hospital de Tacuarembó, la Unidad Bi-institucional de Enfermedades Hepáticas y Trasplante Hepático (Hospital de Clínicas y Hospital Militar) y la Unidad de Ataque Cerebro-vascular del Clínicas.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad, pero la oposición no acompañó algunos artículos. “En algunas cosas se va a terminar improvisando”, opinó Martín Lema (Partido Nacional, PN), que no votó el artículo 18, sobre financiamiento, porque el ministro de Salud Pública no presentó un informe de impacto económico. Walter de León (FA) dijo que “más allá de que puedan aumentar” los costos, la relación costo-efectividad que se buscará y “los años ganados en calidad de vida” significarán “un avance muy importante”.

Quintín Olano (PN) discrepa con el artículo 2º, que establece la mencionada definición de patologías “generalmente complejas y de baja prevalencia”. Alegó que esta es “imprecisa” y que “le da al gobierno del momento una discrecionalidad muy grande”, por lo cual habría preferido acotarla más y, por vía de excepción, incluir las patologías que no se ajustaran a ella, porque se trata de actos muy costosos que, además, van a afectar la cápita que reciben las instituciones del SNIS. Gallo alegó que el término “generalmente” le da “mayor laxitud” a un conjunto de servicios que hoy no integran la canasta de prestaciones. “Pusimos ‘generalmente’ para que puedan ser considerados el Cerema [Centro de Rehabilitación de Maldonado] y la Teletón”, explicó, y dijo que el PN estuvo de acuerdo. Olano coincidió, pero pidió que fuera por vía de excepción, para evitar que “un amigo del presidente traiga un aparato que las instituciones estén obligadas a financiar”.

Olano tampoco votó el artículo 15, sobre la Comisión Honoraria Asesora: el proyecto propone que la integren un representante del MSP, uno del Ministerio de Economía y Finanzas, uno de la Facultad de Medicina (Universidad de la República, Udelar) y otro del FNR; la Comisión de Salud de Diputados agregó a un representante de los prestadores de salud, y por ese cambio es que el texto volverá al Senado. Olano habría preferido incluir a un representante de las mutualistas y otro del sector público.

Otro polémica, que incluyó al diputado tacuaremboense Edgardo Rodríguez (FA), se produjo en torno a la creación del centro cardiológico en el Hospital de Tacuarembó (ASSE-Udelar), que está demorado, según dijeron él y Gallo, por las resistencias de la Cátedra de Cirugía Cardíaca del Clínicas. Gallo aclaró que este no será un centro de referencia porque no se trata de una patología poco frecuente, y le pidió separar las discusiones. Lema recordó que el propio MSP mezcló los conceptos cuando anunció que no crearía un instituto de medicina altamente especializada cardiológico en el norte del país porque apostaba a la creación de centros de referencia.