Salud
Marcha por Salud Mental (archivo, octubre de 2014)

Organizaciones sociales y profesionales preocupadas por “ausencia de acciones” para implementar Ley de Salud Mental

El MSP avanza lentamente en la reglamentación de la ley; se pide celeridad por usuarios que sufren violencia y abandono.

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El 24 de agosto se cumplirá un año de la aprobación de la Ley 19.529, de Salud Mental. Colectivos de usuarios, familiares y profesionales publicaron ayer un comunicado de prensa en el que transmiten su preocupación “por la ausencia de acciones” para implementar esa norma. El comunicado está firmado por Radio Vilardevoz, que nuclea a usuarios de servicios de salud mental, la Federación de Organi...
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El 24 de agosto se cumplirá un año de la aprobación de la Ley 19.529, de Salud Mental. Colectivos de usuarios, familiares y profesionales publicaron ayer un comunicado de prensa en el que transmiten su preocupación “por la ausencia de acciones” para implementar esa norma. El comunicado está firmado por Radio Vilardevoz, que nuclea a usuarios de servicios de salud mental, la Federación de Organizaciones de Familiares por la Salud Mental “Caminantes” y el Grupo de la Esperanza (ambos de familiares), el Centro de Investigación en Psicoterapias y Rehabilitación Social (Cipres), la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, la Asociación de Psiquiatría del Interior, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia.

Las organizaciones firmantes afirman que una muestra de esa inacción es que ni el Ministerio de Salud Pública (MSP) ni la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) “establecieron partida alguna de presupuesto en la actual Rendición de Cuentas para ejecutar los cambios que establece la nueva ley”. La semana pasada, los diputados frenteamplistas acordaron reasignar en el proyecto correspondiente 50 millones de pesos (que se obtendrán del presupuesto de ASSE) para implementar la Ley de Salud Mental en 2019, y otros 50 en 2020. De todos modos, las organizaciones critican que esa demanda no surgió del MSP ni de ASSE.

Por otra parte, cuestionan que todavía no se haya reglamentado la ley ni se haya convocado a la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, que debe supervisar el cumplimiento de la norma en todo el territorio nacional. El 16 de julio el Poder Ejecutivo reglamentó dos capítulos de la ley, el de notificación de hospitalizaciones y el referido a la Comisión Nacional de Contralor, pero todavía no ha convocado a que esta se reúna. La comisión –también llamada “órgano de contralor”– está compuesta por dos representantes del MSP, tres de la Universidad de la República, uno de los trabajadores, uno de las sociedades científicas, uno de organizaciones de usuarios, uno de familiares, y uno de organizaciones sociales en salud mental y derechos humanos. Los colectivos le exigen al MSP que instituya “en forma inmediata” ese organismo, porque la afectación de la calidad de atención “llega en muchos casos a la violación de los derechos humanos, abandono y negligencia”.

El comunicado solicita que se convoque a las organizaciones vinculadas con la salud mental para colaborar en la elaboración del Plan Nacional de Atención Integral en Salud Mental, otra tarea pendiente. Apuntan que “es imperativa” la participación de los ministerios y organismos que, según la ley, deben trabajar en conjunto para crear dispositivos de integración, inserción laboral y acceso a la vivienda, a la educación y a la cultura. Por último, piden a los parlamentarios que incluyan las partidas que se requieran para cerrar el Hospital Vilardebó y las colonias psiquiátricas en 2025, tal como dice la ley.

Fuentes del MSP informaron a la diaria que están trabajando en otro decreto reglamentario, vinculado con las estructuras para sustituir a los asilos, hospitales y sanatorios psiquiátricos. Afirmaron también que no se ha internado a más personas en las colonias, que el MSP está asesorando a los prestadores privados en la reconversión de las instalaciones, y que se eliminó el plazo máximo de 30 días con el que se manejaban las mutualistas. “El tema es reconvertir la mirada estigmatizadora y asistencialista tradicional, con los recursos existentes más los que se puedan redistribuir”, concluyeron.

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