Salud
Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). / Foto: Javier Calvelo (archivo, mayo de 2012)

MYSU pide que el MSP controle el abuso de la objeción de conciencia

La organización reclama por las barreras de acceso a la interrupción del embarazo y reprueba que al MSP se le venció “una cantidad de condones femeninos”

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En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora cada 28 de mayo, la organización feminista Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) denunció las fallas que tiene, en los hechos, la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En un comunicado de prensa, MYSU expresó que, a casi seis años de aprobada la ley, “la objeción de conciencia se manifiesta c...
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En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora cada 28 de mayo, la organización feminista Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) denunció las fallas que tiene, en los hechos, la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En un comunicado de prensa, MYSU expresó que, a casi seis años de aprobada la ley, “la objeción de conciencia se manifiesta como la principal barrera para el acceso a los servicios de interrupción del embarazo”. “Vemos con preocupación la difusión en el último mes de cifras sobre médicos objetores de conciencia que no tienen fuente conocida y que no coinciden –e incluso son inferiores– con las que estima el Ministerio de Salud Pública [MSP], que señala que el porcentaje alcanza el 40%”, señalaba el comunicado. La cifra a la que se refería fue la que manejó el ginecólogo Leonel Briozzo en diálogo con la diaria, quien luego del XVIII Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia, comentó que alrededor de 30% de los ginecólogos ha declarado objeción de conciencia (http://ladiaria.com.uy/AL1R).

Entre 2013 y 2017, MYSU hizo un relevamiento de los servicios de interrupción de embarazo en diez departamentos: Salto, Soriano, Río Negro, Paysandú, Rivera, Maldonado, Florida, Cerro Largo, Rocha y Montevideo. Detectó que más de 60% de los ginecólogos de Salto, Soriano, Paysandú y Rivera había hecho objeción de conciencia, y que el valor llegaba a 100% en Mercedes, Young y Castillos. También llamó la atención que 52% de los ginecólogos de la Red de Atención Primaria de la Administración de los Servicios de Salud Estado del área metropolitana también había hecho objeción de conciencia, resumió, en diálogo con la diaria, la directora de MYSU, Lilián Abracinskas. “Los datos que tenemos son cifras mucho más altas”, dijo, y lamentó, además, que después del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de 2014, “nadie controla porcentaje de objetores por departamento porque la nómina es confidencial”; explicó que las instituciones de salud presentan una vez al año ante el MSP una declaración jurada con el porcentaje de objetores, pero como no hay un nómina, no se puede controlar si los profesionales hacen objeción en todas las instituciones en las que trabajan o sólo en algunas. Por eso, también, se desconoce cuál es el total de objetores en el departamento, porque no hay forma de sumar los porcentajes de diferentes instituciones y no se tiene un listado de todo el plantel. La situación es más acuciante en algunas instituciones, donde llega a haber un solo profesional que hace IVE. La organización denuncia, además, que no todos los objetores de conciencia han presentado el recurso por escrito, como deben hacerlo, y que son objetores “de hecho”. Esa “pseudoobjeción” también ha sido denunciada por los propios ginecólogos, entre ellos Francisco Cóppola, que a fines de abril, en el VIII Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia, expresó que “el uso no regulado de la objeción de conciencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas que viven en zonas rurales”, y exigió contar con “un marco legal completo, claro”, que limite la objeción de conciencia y penalice a quienes no se ajustan a las normas.

Abracinskas comentó, además, que en departamentos como Cerro Largo, encontraron que hay ginecólogos que plantean que sólo hacen IVE hasta la décima semana de embarazo, cuando la ley contempla hasta las 12 semanas; hallaron, también, que hay médicos que alegan que no intervienen sobre el embrión vivo, por lo que, en los casos en que el misoprostol no hace efecto, continúan dándole ese medicamento, en lugar de hacer otro tipo de intervención que no sea la farmacológica. “Están recurriendo a la excepcionalidad por motivos que no son objeción de conciencia, y ninguna entidad controla que realmente estén objetando por razones de religión o filosofía”, cuestionó Abracinskas.

Anticoncepción

En su comunicado, MYSU pidió “que se garantice el acceso a la más amplia canasta de métodos anticonceptivos”, y que se promueva el uso del condón femenino “cuya difusión de uso ha sido particularmente débil”. Abracinskas reprobó que “hubo una cantidad de condones femeninos a los que les llegó la fecha de vencimiento y no hubo una campaña activa para promover su uso”, y que quedaron, sin ser repartidos, en el MSP. Agregó que el MSP desarrolló un proyecto piloto del uso del condón femenino para mujeres víctimas de violencia, trabajadoras sexuales y mujeres con VIH, pero que no hubo campañas dirigidas a otras mujeres, siendo que es necesario difundir cómo se coloca y promover su uso.

Al mismo tiempo, cuestionó que haya campañas para divulgar la vacuna contra el virus del papiloma humano, pero que no se ponga el mismo énfasis en promover el autocuidado que garantice la prevención de esa y otras infecciones de transmisión sexual. El problema no parece ser menor: según estudios de MYSU, uno de cada tres varones está dispuesto a no usar condón en una relación con alguien a quien conoce por primera vez. Por eso, una vez más, la organización insistió en la necesidad de “cambiar conductas” para que las mujeres sepan conocer su cuerpo y para mejorar la protección en los varones.

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