Cuatro horas duró ayer la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, a la que asistió el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, acompañado por técnicos y asesores de la cartera y del Fondo Nacional de Recursos (FNR). Los temas fueron variados, pero uno de los predominantes fue el de los medicamentos de alto costo –o de alto precio, como prefiere llamarlos el Ministerio de Salud Pública (MSP)–. El diputado nacionalista Martín Lema había anunciado el martes que insistiría en “corregir la desigualdad con que maneja el MSP el acceso a tratamientos de alto costo”. El problema está en los medicamentos que el FNR no financia y que son solicitados, cada vez más, mediante recursos de amparo ante la Justicia.

Tras la sesión, en diálogo con la diaria, Basso informó que el MSP está haciendo “un intercambio con todas las cátedras médicas de la Facultad de Medicina, de manera de incorporar en ese diálogo cuál es la prioridad que tiene cada cátedra en la materia de su competencia”. Agregó que se está evaluando un proceso iniciado en los últimos dos años “referido a la aplicación de una ordenanza para el tratamiento singular de solicitudes de medicamentos o procedimientos que no están en el PIAS [Plan Integral de Atención en Salud], que no están en el FTM [Formulario Terapéutico de Medicamentos]”.

“Esa evaluación nos ha permitido identificar un volumen de medicamentos y procedimientos que, sin ser vinculantes, sean una base a tener en cuenta a los efectos de actualizar el PIAS”, dijo. Reafirmó que, al incorporar medicamentos, el MSP considera en primer lugar la evidencia científica, y en segundo lugar la sustentabilidad del sistema, porque los recursos son finitos. “Lo importante es que se manejen criterios de priorización que se puedan explicitar y que no dependan de la mayor o menor presión que puedan hacer sectores vinculados con determinadas corporaciones de profesionales, o determinados intereses comerciales, o incluso determinados colectivos de pacientes”, insistió. Agregó que esta administración ha incorporado 11 nuevos medicamentos de alto costo –además de varios procedimientos–, y que se está depurando el PIAS, eliminando algunos procedimientos en desuso e incorporando otros; para eso se consulta a las cátedras y se negocia con la industria y los proveedores a fin de bajar los precios de los fármacos.

Lema dijo a la diaria que pidió "dar mayor transparencia” y que la Comisión Técnica Asesora del FNR haga públicas las actas de las sesiones en las que decide incorporar o no medicamentos. Considera que hay “tratamientos desiguales” cuando excepcionalmente, por procedimiento administrativo, el MSP otorga tratamientos que son negados por el prestador de salud y por el FNR. Sobre las recomendaciones de las cátedras, dijo que “no necesariamente se cumplen”.

Basso alegó que “no todos los pacientes, frente a la misma enfermedad, tienen el mismo tratamiento, porque hay temas de comorbilidad, hay estadios distintos de la propia enfermedad”, y que eso “no es un tratamiento desigual”. Por otra parte, comentó que el MSP trabaja con el Colegio Médico del Uruguay para extender la declaración de conflictos de intereses a todos los médicos (no sólo a los que indiquen procedimientos financiados por el FNR). Aclaró que la idea es que esta medida no se perciba “como una imposición reglamentarista, sino como una necesidad de hacer transparente el vínculo que debe existir cuando uno administra dineros públicos y cuando uno prescribe determinados procedimientos para ser financiados con dineros públicos”.

La creación de un instituto de medicina altamente especializada (IMAE) de cardiología en Tacuarembó fue otro tema de polémica. Lema señaló que desde 2012 el gobierno ha anunciado “permanentemente” la creación inmediata de ese IMAE, y pidió “menos anuncios y más acciones”. Basso alegó que ASSE está trabajando en la adquisición de equipamientos imprescindibles para la extensión del IMAE cardiológico del Hospital de Clínicas al de Tacuarembó, y que ya se está en etapa de adjudicación pero hubo “algunos atrasos”, porque una empresa presentó recursos. Agregó que el IMAE de Tacuarembó hará cirugías cardíacas –algo que no hace el IMAE cardiológico de Salto, inaugurado en octubre de 2017–. “Somos optimistas, hay voluntad política clara”, afirmó.

Lema informó que Basso “no pudo determinar una fecha” de instalación del IMAE cardiológico en Tacuarembó, y recordó que en 2017 hablaba de 2018. De todos modos, comentó: “Lo veo sensato, por lo menos hay conciencia de que no están las condiciones todavía”.