"Los resultados de los cinco años son mucho mejores de lo que esperábamos", explicó a la diaria Leonel Briozzo, profesor de la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina y quien fue subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP) cuando se aprobó y se reglamentó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en 2012. Briozzo dirigió la mesa redonda “Cinco años de interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay”, que se desarrolló el viernes 27 en el XVIII Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia.

Rafael Aguirre, responsable del área programática de Salud de las Mujeres del MSP, presentó en el congreso los datos de cantidad de IVE en estos cinco años (ver gráficos). “Quedó claro que estamos ya en la meseta del registro de IVE, creo que a partir del año que viene vamos a empezar a ver lo que habíamos anunciado hace cinco años: el descenso de IVE”, explicó Briozzo, luego, en diálogo con este medio. Destacó que se han consolidado los servicios de salud sexual y reproductiva, la anticoncepción y la educación sexual, y que eso también contribuirá con la disminución de abortos. “Se consolida que las adolescentes abortan en la misma proporción que mujeres adultas o menos, o sea que no se da aquella tontería que se decía para asustar, que las adolescentes iban a abortar más. No es así”, concluyó Briozzo.

Consultado sobre la posibilidad de que haya un porcentaje importante de IVE que se realice fuera de la ley y del Sistema Nacional Integrado de Salud, Briozzo respondió que no hay datos oficiales al respecto. “Mi impresión es que si hay abortos dentro de los plazos estipulados por la ley fuera del sistema son muy pocos”, dijo, y agregó que la Clínica A de Ginecotocología tiene nueve centros docentes asistenciales en el interior del país y que en todos esos lugares está la idea de que “si existe una práctica de aborto por fuera del sistema, es algo marginal”.

Objeción de conciencia

Alrededor de 30% de los ginecólogos han declarado objeción de conciencia, lo que los exime de coordinar el procedimiento de aborto, que mayoritariamente consiste en la prescripción de los fármacos misoprostol y mifepristona. Este 30% es un promedio, pues varía según la institución. Según detalló Briozzo, es de 30% en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y sube a 50% en los hospitales Militar y Policial; a nivel privado, 38% de los ginecólogos de Montevideo son objetores, así como 40% de los del interior del país. Briozzo evaluó que “no hubo una epidemia de objeción de conciencia” y que los números tienden a estabilizarse, y prevé que tras los cinco años de aplicación de la ley “comience a disminuir la objeción de conciencia para la prescripción del fármaco”.

El ginecólogo Francisco Cóppola, integrante de la Clínica Ginecotocológica A, mencionó algunas de las características de la objeción de conciencia de ginecólogos uruguayos. Por ejemplo, citó a un ginecólogo que dijo a la prensa que había declarado su objeción “como represalia” porque no había sido consultado para la elaboración de la ley. “No hay ningún problema ético con la despenalización del aborto, está a favor de la despenalización, esta es una pseudoobjeción de conciencia cuyo fin no es preservar los convencimientos íntimos de la persona sino tomar una represalia a una ley que no nos gusta; tiene más que ver con una desobediencia civil”, subrayó Cóppola. Reseñó las declaraciones de otro profesional que presentó un recurso administrativo contra la ley “para ampliar el alcance de la objeción de conciencia” y suprimir así el artículo 12 de la ley, que protege la autonomía del paciente, al determinar que la opinión del ginecólogo no incida en la decisión de la mujer. “No me dejaba hablarle a favor de la vida, mostrarle la pantalla del ecógrafo, para que la paciente si lo veía se llegara a entusiasmar con que tenía una vida dentro de su ser”, dijo uno de los objetores en Canal 12. También estuvo el caso de Salto, donde todos los ginecólogos de ese departamento expresaron objeción de conciencia, dificultando la aplicación de la Ley IVE.

Cóppola enumeró los tipos de objeciones de conciencia: objeciones colectivas (como la de Salto), por conveniencia (por el lugar de trabajo) y por obediencia, que es la que se da en algunos servicios en los que “los profesionales toman prestado la conciencia de sus jefes”, detalló. En resumen, observó que “la ley da derechos a ginecólogos e instituciones de exceptuarse a aplicar una ley vigente, pero la reglamentación y penalización de su incumplimiento es muy débil o se usa mal: damos un derecho pero no está limitado, no se dice cuándo, cómo, por qué y cuál es la penalización”, comentó. Señaló también que “el uso no regulado de la objeción de conciencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas con bajos ingresos, que viven en zonas rurales, por lo que se exige un marco legal completo, claro”, enfatizó.

La ginecóloga Verónica Fiol, docente de la Clínica Ginecotocológica A, presentó datos de la formación integral de los residentes en salud sexual y reproductiva que egresan de la clínica, que son 50% de los ginecólogos que se forman en Uruguay. La objeción de conciencia de los egresados es menor al promedio nacional actual: sólo 10%. Los datos surgen de una encuesta que hizo la Clínica Ginecotocológica A a los 44 residentes que pasaron por ella entre 2013 y 2017; fue respondida por 41 profesionales que hicieron sus prácticas en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), en los centros del interior del país ubicados en Paysandú, Salto, Rivera, Tacuarembó, Maldonado, Rocha, San José y Canelones, o en la mutualista SMI, de Montevideo. Fiol catalogó como “importante” la proporción de ginecólogos que lleva a cabo actividades IVE: 77% de los que viven en el interior del país y 82% de los que residen en Montevideo. Del total de ginecólogos que hacen IVE, 87% hace IVE 3, como se le denomina a la tercera de las cuatro consultas pautadas por la ley, que es en la que debe prescribirse el fármaco. Cuatro de los 41 ginecólogos (10%) declararon objeción de conciencia, y otros cuatro no hacen IVE 3 por otros motivos: uno respondió que no le interesaba, y tres dijeron que “les interesaría pero no tienen acceso a suplencias”.

Repetición

Según los registros de Iniciativas Sanitarias, 5,6% de las mujeres que abortaron en el CHPR ya lo había hecho antes. El ginecólogo Víctor Recchi evaluó que ese es un dato muy importante, y lo comparó con la tasa de repetición que tienen otros países, como Holanda, con 36%; la capital de Suecia, que registra 58%; y Estados Unidos, con 59%. Recchi trabaja en Rivera y dijo que allí también el porcentaje de reiteración de aborto ronda el 5,6%.

“Cada vez que tenemos una paciente que reincide lo entendemos como un fracaso del equipo”, confesó Recchi, pero luego aclaró que también influyen los factores de la vida de la mujer, entre los que identificó la edad –la mayoría de las que reinciden superan los 30 años–, el nivel educativo –a nivel socioeconómico más bajo, mayor vulnerabilidad–, si la mujer está en pareja –repiten más las IVE las que están solas o solteras–, si hay conflictos con la pareja o situaciones de violencia, y el conocimiento de los métodos anticonceptivos; de hecho, mencionó que la falla de anticonceptivos es una de las causas más frecuentes por las que se repite un aborto. Vinculado a eso, el ginecólogo señaló que la mayoría de las mujeres que vuelven a interrumpir embarazos no pasaron por el IVE 4; esa es la última consulta, en la que, además de asegurar la eficacia del procedimiento, se asesora a la mujer respecto de los métodos anticonceptivos que puede usar. Recchi comentó que la fertilidad vuelve rápidamente después de un aborto –ocho días luego de un aborto médico y a los diez días de una aspiración al vacío–, y por eso recomendó dar los métodos durante el procedimiento de IVE, en lugar de esperar a la cuarta consulta, a la que asisten sólo seis de cada diez mujeres que atravesaron el proceso.

Selección

La economista Patricia Triunfo, integrante del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, presentó un análisis de los datos del Sistema de Información Perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano de la Organización Mundial de la Salud sobre los nacimientos ocurridos en los 15 principales centros de salud de Montevideo y el área metropolitana (cubren 50% de la población del país) entre 2011 y 2014. A partir de ese análisis –hecho con otros dos investigadores: José-Ignacio Antón y Zuleika Ferre–, la hipótesis del equipo es que la Ley IVE impacta en los embarazos no planeados, no en los planeados, explicó Triunfo. Los resultados de la investigación refuerzan la hipótesis. La economista reveló que el embarazo no planeado disminuyó 8% a partir de la aplicación de la ley, y que el impacto fue mayor en el grupo de mujeres que tienen entre 20 y 34 años con nivel educativo máximo de secundaria completa, en el que se redujo 11%. Halló, además, que en ese último grupo de mujeres mejoró la calidad de los nacimientos, a partir de los controles prenatales y la prueba de Apgar (examen que se realiza al minuto y a los cinco minutos de vida del bebé para evaluar qué tan bien toleró el proceso de nacimiento). “Podríamos llamar que hay un proceso de selección positivo entre los nacimientos de embarazos no planeados”, concluyó Triunfo.

Luego, en diálogo con la diaria, Briozzo comentó que la investigación de Triunfo muestra que la Ley IVE “no impacta en fecundidad del país” sino “en un sector donde en general hay un proyecto de vida”, y destacó que las mujeres que siguen con el embarazo “se controlan mejor y tienen mejores resultados”. “Es un efecto que hasta ahora no habíamos pensado, que la Ley IVE mejora el maternaje y los resultados perinatales, porque las mujeres que continúan, que son la inmensa mayoría, tienen un control y unos resultados que son mucho mejores”, valoró.

El modelo uruguayo

Briozzo comentó que los resultados que mostraron los relevamientos presentados en el congreso son “halagüeños” y que “no sólo se deben a la despenalización, sino a los diez años previos, de 2001 a 2012, de implementación masiva del modelo de reducción de riesgo y daños de Iniciativas Sanitarias, que cambió la percepción de los equipos de salud y de la sociedad”. Iniciativas Sanitarias es una propuesta que nació de la clínica liderada por Briozzo en 2001, en momentos en que 43% de las muertes maternas se producía por abortos hechos en condiciones de riesgo. En un contexto de ilegalidad del aborto, comenzó a asesorar a las mujeres que llegaban al CHPR y que eran candidatas a hacerse un aborto que podía matarlas: les informaban los riesgos y, sin prescribirles los fármacos abortivos, les decían de su existencia. La iniciativa, que se extendió, también, fuera del CHPR, disminuyó a cero las muertes por abortos inseguros, y permitió formar equipos interdisciplinarios –integrados también por parteras y psicólogos– que fueron la base para la creación de los servicios de salud sexual y reproductiva, en 2010, en los que luego se apoyó la Ley IVE. Todo este proceso hizo que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) recomiende aplicar el “modelo Uruguay” en países en que el aborto es ilegal. De hecho, en 2007 comenzó a ser aplicada en el primer nivel de atención (policlínicas) por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en donde las muertes maternas por aborto inseguro se redujeron de 32 a 11 entre 2011 y 2014, tal como lo consigna el artículo “Una replicación del modelo uruguayo en la provincia de Buenos Aires, Argentina, como una política pública para reducir la mortalidad materna”, publicado en 2016 en un fascículo de FIGO dedicado a la experiencia uruguaya.

A Buenos Aires concurrió Briozzo a fines de abril, para presentar la experiencia uruguaya ante el Congreso de la Nación Argentina, que discute, por séptima vez, un proyecto para despenalizar el aborto.