“Casi 99% de las muertes por exposición a plaguicidas ocurren en países en desarrollo, donde la salud, la seguridad y las regulaciones ambientales son más débiles”, explicó el jueves Arturo Correa, ingeniero agrónomo chileno contratado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) para hacer una consultoría en Uruguay. Las inequidades entre países desarrollados y subdesarrollados son grandes, si consideramos que la mayoría de los plaguicidas se fabrican en países desarrollados (75%) pero se aplican, mayoritariamente, en países subdesarrollados, según dijo Correa. Nada parece indicar que esto vaya a revertirse, al menos en lo inmediato, pero se están desarrollando acciones para minimizar su impacto.

Con el apoyo de FAO y del Fondo para el Medio Ambiente (FMAM), los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de Salud Pública (MSP) desarrollan desde 2016 el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la gestión ambientalmente adecuada de plaguicidas”, que culminará en 2019. Correa asesora, justamente, en el tema plaguicidas, y participó el jueves en la charla “Perspectivas en la gestión de químicos a nivel global”, organizada por FAO y el programa de Medio Ambiente de la ONU, con el apoyo del MVOTMA.

Sustancias a controlar

La actividad no sólo trató de plaguicidas, sino de los productos químicos en general. Participó Jacob Duer, jefe de la sección Químicos y Salud de ONU Medio Ambiente, quien comentó que nueve millones de muertes por año se pueden atribuir a la contaminación del aire, suelo y agua (dulce y oceánica) a causa de sustancias químicas. Por eso, insistió en la necesidad de gestionar los químicos y sus residuos desde el punto de vista ambiental y sanitario.

Según Correa, hay más de 248.000 productos químicos disponibles comercialmente, que están concentrados en pocas empresas (ver gráfico). Con un enfoque similar al de Duer, hizo ver los beneficios que los químicos han traído en la agricultura, la medicina, la industria, la generación de energía, la salud, pero señaló los riesgos que pueden provocar: “los productos derivados de las sustancias químicas con frecuencia se vuelven desechos peligrosos en la fase final de su ciclo de vida, y generan riesgos de contaminación adicionales que pueden devaluar sus beneficios iniciales y contrarrestar las ventajas para el desarrollo”, planteó. Agregó que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2017, la exposición a determinados productos químicos provoca cada año la muerte de 1.300.000 personas.

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Químicos del agro

A nivel mundial, no existen estadísticas fiables sobre el número de personas afectadas por la exposición a plaguicidas, dijo Correa, y comentó que, según la Red de Acción en Plaguicidas, el número de personas afectadas anualmente por este hecho a corto y largo plazo oscila entre 1.000.000 y 41.000.000.

La agricultura tiene 12.000 años, pero el uso masivo de plaguicidas comenzó con la Revolución verde, en las décadas de 1960 y 1970. Correa expresó que el daño que provocaban los plaguicidas era peor hace algunas décadas, pero que, a raíz de la denuncia generalizada de investigadores, organizaciones no gubernamentales y gobiernos, se generó una preocupación mundial que dio origen a la Agenda Química Internacional, y en los últimos 30 años comenzaron a crearse protocolos y acuerdos internacionales para minimizar el impacto de los productos químicos. Según Correa, las exigencias en términos de salud humana y ambiental son las que explican el descenso anual de los plaguicidas que se lanzan al mercado: en la década de 1990 eran alrededor de 70, y desde 2008 son menos de 40 por año.

Entre los desafíos que identificó para mejorar la gestión de plaguicidas, Correa señaló el de fortalecer los sistemas de registro a nivel internacional, ajustar las normativas de los países para dar cumplimiento al ciclo de vida de los plaguicidas –incluyendo su disposición final– y fortalecer los sistemas de vigilancia de los productos registrados. Sobre este último punto, acotó que es necesario evaluar el impacto que provocan los plaguicidas en una exposición aguda –como puede ser la de un trabajador–, pero también la exposición a alimentos con residuos de plaguicidas; dijo que esos sistemas de vigilancia son “componentes caros” y que tienen que ser hechos por la academia o por institutos de investigación “para que tengan fortaleza”. Retirar los plaguicidas altamente peligrosos es otro de los desafíos.

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La casa en orden

En su exposición, Correa no dio detalles sobre el manejo de los plaguicidas en Uruguay. Las preguntas del público –académicos e integrantes del gobierno y de organizaciones sociales– plantearon algunos de los problemas de nuestro país. Por ejemplo, Enrique Yllas, apicultor, preguntó: “¿Por qué países que son los que producen los paquetes tecnológicos para el agro, gigantes como el tema de la soja, venden la semilla con los agroquímicos que les tienen que poner a esas plantaciones y después no nos reciben la miel a nosotros porque está contaminada con esos mismos plaguicidas que ellos nos vendieron?”. Correa contó que Chile no ha autorizado la liberación comercial de cultivos genéticamente modificados, pero que hay semilleras de transgénicos que siembran campos delimitados; dijo que esas áreas están aisladas por sistemas de bioseguridad, pero que “las abejas no lo saben”. Acotó que también Chile le exporta miel a Alemania –país que ha puesto obstáculos para la comercialización de miel uruguaya por superar el límite permitido de glifosato, caso al que aludía Yllas– y que se ha hallado polen de flores genéticamente modificadas. Dijo que la solución “tiene que ver con el ordenamiento territorial productivo”. Comentó que no es fácil aislar zonas de producción para hacer agricultura orgánica, tradicional o agroecología, pero subrayó que es necesario “ayudar a que esos espacios sean bien regulados desde el punto de vista legal y también controlados desde un punto de vista de la eficacia. Es la única forma, no hay otra, si no, evidentemente le recomiendo no seguir comprando el paquete tecnológico que le están vendiendo”, le respondió. Yllas acotó que él, justamente, no lo compraba.

Enlazando varias preguntas, Correa mencionó algo de su consultoría en Uruguay. Comentó que está trabajando con los tres ministerios en “fortalecer el sistema de registro de plaguicidas en Uruguay”, y que es necesario incorporar la evaluación de riesgo ambiental porque los ecosistemas son “sensibles y hay que cuidarlos”. También mencionó la necesidad de tener sistemas de vigilancia: “si yo no tengo sistema de vigilancia, estoy a ciegas”, dijo, y señaló que en eso hay responsabilidades de las instituciones de ambiente, agricultura y salud, que son las que tienen que generar la información, creando alianzas estratégicas con la academia.

En diálogo con la diaria, Correa comentó que llegó a Uruguay pensando que la estructura del sistema regulatorio era más armónica. Dijo que “hay algunas brechas importantes que hay que ajustar” en la parte normativa para poder incorporar objetivos ambientales. Señaló que la uruguaya “está un poco dispersa” y “poco conectada”, y que debería haber “una sola norma”, como podría ser una ley nacional de plaguicidas. “Eso ayudaría a ordenar todo el proceso, a definir las orientaciones que va a tener el sistema de registro, en términos de recursos humanos y financieros, y las responsabilidades de cada una de las áreas”.

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El MSP y el MVOTMA aspiran a participar en el registro de plaguicidas (hasta ahora a cargo del MGAP) y a introducir evaluaciones de impacto ambiental. Correa prefirió no involucrarse en cómo debería ser esa articulación, y comentó que “lo importante es que tengamos un sistema de registro adecuado, fuerte, que permita controlar los riesgos que tratamos de evitar en la parte de salud humana y medioambiental. El tema es qué queremos lograr, para dónde queremos conducir este proceso, cuáles son los umbrales de seguridad que queremos tener como país, cuál es la gradualidad, porque no lo puedes hacer de un día para el otro. Estos son procesos largos, hay inversiones que hacer, recursos que capacitar, es un trabajo complejo”, concluyó.