Una vez más no se abrirá el denominado “corralito mutual”. El Poder Ejecutivo, por segundo año consecutivo, determinó –a través de un decreto– suspender esta medida que se aplicaba desde 2009 durante el mes de febrero. La decisión tomó por sorpresa a todos, incluso a las propias autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). También a muchos que estuvieron trabajando durante el año para esta apertura la noticia les cayó como un balde de agua fría.

El decreto fue firmado por el presidente Tabaré Vázquez el viernes 16 de noviembre. Ese mismo día había una reunión fijada a las 14.00 en la Junta Nacional de Salud (Junasa), en la que representantes de las mutualistas, de los usuarios, de los trabajadores, del Banco de Previsión Social (BPS) y de los ministerios de Economía y Finanzas y de Salud iban a seguir trabajando en un nuevo sistema informático –basado en el registro digital de las huellas táctiles– que se implementaría el próximo año con la apertura del corralito. Pero una hora antes, mediante un escueto mensaje, los participantes fueron avisados de que se suspendía el encuentro, sin mayores explicaciones.

Pese a esa reunión frustrada, ese viernes el presidente de la Junasa, Arturo Echeverría, se fue a su casa convencido de que se estaba avanzado y que sólo faltaban unos días más de trabajo para implementar ese sistema operativo que tenía como objetivo brindar mayores garantías y evitar la intermediación lucrativa.

Algo similar le sucedió a Rosario Oiz, vicepresidenta del BPS y representante de ese organismo en la Junasa. La jerarca admitió que desde la institución se consideraba que estaban dadas las condiciones para abrir el corralito mutual y que se estaba trabajando pensando en ese escenario. Pero ahora lo que les queda es aplicar el decreto, señaló a la diaria. “Nosotros monitoreamos a los prestadores, les hacemos inspecciones, fiscalizaciones y corregimos los procedimientos”, contó.

Según Oiz, este año el BPS ha detectado “algunas maniobras” que fueron denunciadas penalmente y han tenido resultados diversos: desde causas archivadas a personas procesadas e investigaciones que todavía siguen su curso. “Esto pasa todo el tiempo”, comentó. “Pero prestadores responsables no han aparecido más”, aclaró. Para Oiz, los casos detectados por el BPS no justificaban el cierre del corralito mutual. “Seguramente a nivel de Presidencia tienen información que nosotros no conocemos”, justificó.

La medida de suspender este mecanismo, que permite a los usuarios del Seguro Nacional de Salud que tienen más de tres años de antigüedad en una institución cambiarse de prestador sin tener que dar ninguna razón para hacerlo, no fue tomada desde la cartera, por eso se especula con que la decisión fue tomada por el propio Vázquez. Según declaró el ministro Basso el lunes 18, cuando se hizo público el decreto, la razón no fue otra que la persistencia de prácticas prohibidas relacionadas a la intermediación lucrativa.

La culpa de que no se abra el corralito mutual, según Vázquez, es de “una manga de sinvergüenzas” que están “metidos en el medio”. En esta línea, el decreto indica que el Estado “requerirá de un nuevo instrumento de rango legal” que “fortalezca la respuesta punitiva penal, extendiéndola a todos quienes intervienen en la cadena de responsabilidad”. Por último, establece que “la apertura del período de movilidad” se dará en febrero de 2020. En diciembre de 2017, al anunciar la suspensión de la apertura del corralito en 2018, las autoridades del MSP también habían asegurado que trabajarían para generar las condiciones que permitieran abrirlo en 2019.

Inconformes

La explicación que se dio desde el Ejecutivo no convenció a los trabajadores de la salud, tampoco a las mutualistas ni a la oposición. Todos coinciden en que con esta medida se vulnera el derecho del usuario a elegir su prestador de salud. Ese es el único punto en el que, incluso, están de acuerdo todas las mutualistas de Montevideo. En los demás argumentos no llegaron a un acuerdo interno. “Son empresas que compiten entre sí y es un tema que a algunas les puede favorecer y a otras no”, dijeron fuentes vinculadas al sector.

“Para el presidente ganaron los sinvergüenzas y perdió la gente de bien. No pudo con ellos y se rindió”, afirmó a la diaria el senador del Partido Nacional Javier García. También, por este motivo, el diputado blanco Martín Lema presentó un proyecto de minuta de comunicación al Poder Ejecutivo pidiéndole que derogue este decreto, pero los votos de la cámara baja no alcanzaron para aprobar el reclamo.

Otros van más allá y dudan de que la intermediación lucrativa sea “la causa de fondo”. La Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi) no tiene conocimiento de que existan problemas de intermediación lucrativa, dijo su presidente, Carlos Cardoso. En particular, las instituciones del interior “nunca han estado inmiscuidas en ningún caso, tampoco han sido denunciadas”, acotó.

En los próximos días comenzará a funcionar una comisión integrada por el MSP, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía que tiene como objetivo “ampliar el marco normativo vinculado al concepto de intermediación lucrativa”, anunció a la diaria Basso. Hasta el momento, por la denominada estafa al Fonasa la jueza Julia Staricco ha procesado a 32 personas; todas ellas eran las que ejecutaban la maniobra. Ahora, lo que se busca a través de esta comisión es que se pueda responsabilizar a todos los involucrados en el proceso, explicó el ministro. Por eso, se analizará si hay “mérito” para elevar una propuesta legislativa que amplíe el concepto de intermediación lucrativa.

Cardoso recordó que esa “fue una estafa a la Dirección General Impositiva con empresas inexistentes, al BPS –que incluso se lo estafó con seguros de paro– y, como es la organización social en Uruguay, también a las instituciones públicas y privados”. Además, acotó que sólo hubo unas pocas empresas involucradas de las 42 que son en total. Este es uno de los motivos por los que Basso será interpelado el 14 de diciembre.

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La pregunta “cuántos casos de prácticas relativas a la intermediación lucrativa se han investigado desde 2017” es clave para el presidente de Fepremi. Esa misma interrogante le hicieron las mutualistas del interior el 28 de noviembre a la Junasa, pero aún no han recibido respuesta. El problema es que la cartera no ha recibido ninguna denuncia y, por lo tanto, no ha habido una investigación al respecto dentro del órgano colegiado. Cuántas personas están vinculadas o cuál es el monto de la estafa son respuestas que por el momento no pueden ser contestadas por el MSP.

Para la Federación quien sale ganando con todo esto es la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). “Lo que vemos es que a medida que se suspende la movilidad regulada las instituciones de Montevideo y del interior bajan los afiliados del Fonasa”, señaló el presidente de Fepremi. “Mientras tanto, la única que aumenta la cantidad, por la asignación de oficio, es ASSE”, agregó.

Desde julio de 2017 al mismo mes de este año, las instituciones de la capital perdieron unos 11.000 afiliados y las del interior 8.000, detalló Cardoso. En 2017, el último año que se abrió el corralito, el número de egresos registrados en ASSE ascendió a 21.019 personas, lo que representó 38% del total de las salidas durante el período. “Una parte importante de esos movimientos responde a la movilidad de aquellos usuarios que fueron asignados de oficio a ASSE”, se indicó en el informe final de Movilidad Regulada de ese año. En la actualidad ASSE tiene 501.100 socios del Fonasa, según datos de setiembre de 2018.

Otros consideran que a través de esta medida salen victoriosos los prestadores de salud que tienen sus números en rojo y ofrecen los peores servicios, ya que de todas formas sus usuarios no tienen la posibilidad de optar por otra institución, y terminan perdiendo aquellas instituciones que optaron por invertir para mejorar su asistencia, pensando en una afluencia importante de nuevos afiliados y que ahora deben enfrentar sobrecostos que no pueden absorber. “Estamos favoreciendo hacia abajo”, se lamentó el presidente de la Federación Médica del Interior, Gustavo Fernández.

Desde esta posición, con la que está en consonancia el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), también se explicó que la no apertura del corralito mutual genera indirectamente que las instituciones pierdan la preocupación por la fidelización de sus clientes y, por consiguiente, por la calidad de los servicios que brindan. Por lo tanto, se pierde la competencia. “Creemos que es una alteración de las reglas de juego del sistema”, comentó Cardoso, quien también se mostró de acuerdo con este punto.

Casa de Galicia, Casmu y Sociedad Universal son las empresas que, de acuerdo con fuentes del sector de la salud, han perdido más usuarios en los últimos años y se podrían haber visto perjudicadas si se aplicaba la medida en 2019. El Círculo Católico, pese a que en el informe de Movilidad Regulada de 2017 se encontraba entre los prestadores de Montevideo que presentaron mayores saldos netos positivos (5,29%), fue otro de los que se agregaron a la lista debido al desprestigio que pudo haber causado en sus usuarios enterarse de que estaba vinculado a la estafa del Fonasa.

Por otro lado, hubo consenso en que Cosem y Médica Uruguaya son las mutualistas que se ven más afectadas por esta medida. Desde el sector señalaron que las instituciones planificaron con antelación pensando en el período que se autorizaría la movilidad regulada, y ahora reclaman que “al violarse las reglas de juego sobre la fecha se genera un desequilibrio en el sistema”.

En el caso de Médica Uruguaya, la institución informó en mayo que estaba atravesando una crisis muy importante luego de haber invertido para mejorar su infraestructura y que el gobierno decidiera no abrir el corralito mutual en 2018. Sin embargo, el SMU indicó que los problemas económicos se debían a una mala gestión por parte de la institución. Por su parte, Cosem inauguró una policlínica en Punta Carretas que tenía como objetivo mantener la tasa de metros por asociados, previendo también un crecimiento. “Ahora esa infraestructura se quedó sin financiamiento”, comentaron fuentes de las mutualistas de Montevideo.

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Recurso

Si bien otras instituciones del interior habían barajado la posibilidad de recurrir el decreto que suspende la apertura del corralito mutual, Cosem fue la única que interpuso un recurso. Lo presentó en Torre Ejecutiva este lunes, cuando vencía el plazo legal establecido para hacerlo. El mismo camino tomó en 2017; ese primer recurso ahora se encuentra en el Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA). Se entiende que la situación es la misma o incluso peor. Una de las controversias jurídicas que se presentan en este caso es si a través de un decreto se puede limitar un derecho que está dado por una ley. Respecto de este punto la abogada que asesora al SMU, Natalia Veloso, explicó: “Las normas tienen una jerarquía, un reglamento no puede pasar por arriba de lo que dice una ley”.

La Ley 18.211 del Sistema Nacional Integrado de Salud establece en el artículo 50 que “la elección de prestador es libre”, y luego añade que se podrá modificar “en los términos que fije la reglamentación”. El decreto es “ilegítimo porque no regula el derecho, directamente lo suprime”, aseguró Veloso. Si bien se establecen dos razones que permiten al usuario cambiarse de prestador –la mudanza de domicilio y problemas asistenciales que puedan ser demostrados, siempre y cuando, además, sean autorizados por la Junasa–, la abogada indicó que los usuarios que no están dentro de estas causales ven vulnerados sus derechos. En lo que va de 2018 se han cambiado 18.000 personas por esas razones: 14.000 por cambio de domicilio y 4.000 por problemas asistenciales demostrados.

Otro de los elementos importantes que plantea el recurso es que la medida del Ejecutivo no fue fundamentada y, por eso, se considera arbitraria. Es una cuestión de fe: el gobierno informa sobre un problema y se le debe creer sin poner las cartas sobre la mesa. Cuál es la magnitud del problema es una de las preguntas que todos se hacen pero que nadie ha salido a responder, y toda esta situación se agrava aun más que en el caso del primer recurso presentado porque el gobierno tuvo un año para poder solucionar el problema que, de un día para el otro, informó que persistía.

Ahora, el Ejecutivo tiene 150 días para resolver si hace lugar o no al recurso presentado por la mutualista. Si se decide por la negativa, Cosem podrá pedir su nulidad ante el TCA. Si consigue tener una sentencia positiva del Tribunal el gobierno “no podría volver a dictar nunca más ese decreto”, y además este fallo habilita a la mutualista a reclamar por daños y perjuicios que fueron generados por esta medida. Sin embargo, Cosem deberá esperar todavía un tiempo para saber cuál será el resultado. Los procesos en este ámbito demoran, según estimó Veloso, entre dos o tres años por lo menos.